Una condición previa importante para combatir el odio debería ser atacar la causa de este fenómeno. El mal se deriva de las desigualdades sociales. La ausencia de justicia social puede ser suficiente para sembrar intolerancia dentro del tejido social. Cuando los ciudadanos sienten que no son recompensados por sus esfuerzos, mientras que al mismo tiempo sienten que están perdiendo el "tren" del progreso social, pueden forjar sentimientos hostiles hacia los demás. Al mismo tiempo, cuando la impunidad capitalista queda impune, la propia fe de los ciudadanos en la institución de la justicia, el guardián de la cohesión social, se ve sacudida. Tal caso puede desencadenar tendencias centrífugas, una vez más capturando a la comunidad. Por lo tanto, el Estado tiene el deber, por un lado, de cuidar efectivamente a sus ciudadanos a través de beneficios sociales (obviamente sin exceder la resistencia del Estado) y, al mismo tiempo, imponer sanciones a cualquiera que se atreva a explotar a su prójimo para su propio beneficio.