El presupuesto a largo plazo de la UE debe dar prioridad a la revitalización rural apoyando a las empresas sociales en la producción primaria, garantizando la resiliencia económica, la sostenibilidad y la creación de empleo. Las zonas rurales se enfrentan a la despoblación, el declive económico y las oportunidades limitadas, a pesar de ser clave para la seguridad alimentaria y la transición ecológica. Las empresas sociales pueden cerrar la brecha fomentando la producción local, los modelos de economía circular y la innovación basada en la comunidad. Sin embargo, las cargas burocráticas, el acceso limitado a la financiación y los complejos mecanismos de financiación impiden a las empresas sociales acceder a los fondos de la UE. El próximo presupuesto de la UE debe: - Simplificar los procedimientos administrativos para las entidades de la economía social y sus organizaciones representativas en las asignaciones de la PAC, el FSE+ y el Fondo de Cohesión. - Garantizar que una parte justa de la financiación de la UE llegue a los pequeños productores, las cooperativas y las empresas sociales rurales, reduciendo la dependencia de las grandes agroempresas. Promover la Contratación Pública Socialmente Responsable (SRPP) para alimentos, energía y servicios rurales. Apoyar la digitalización y la formación para modernizar las iniciativas de la economía social rural, también a través de programas de financiación para la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores. - Excluir del RGEC a las empresas sociales del sector de la pesca y la acuicultura y del sector de la producción agrícola primaria. Al dar prioridad al desarrollo rural impulsado por la economía social, el presupuesto de la UE puede impulsar la inclusión económica, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad medioambiental, haciendo que cada euro cuente para los ciudadanos europeos.