Garantizar la equidad para las generaciones futuras requiere decisiones políticas que sean transparentes, inclusivas y basadas en principios democráticos. Sin embargo, los acontecimientos recientes suscitan preocupación. El proyecto de paquete de etiquetado del vino, actualmente en debate, introduce cambios importantes relacionados con la producción y promoción del vino, respaldados por presupuestos sustanciales. Estas medidas se están impulsando sin consulta pública ni evaluación de impacto, a pesar de las importantes implicaciones para los derechos de los consumidores y la salud pública. Las decisiones de esta naturaleza no deben tomarse a puerta cerrada. Preocupaciones similares se aplican al reciente uso por parte de la Comisión del «proceso ómnibus» para revisar las normas sobre plaguicidas, otro caso en el que se tomaron atajos de procedimiento, excluyendo un compromiso significativo con la sociedad civil y los expertos. Estos patrones corren el riesgo de normalizar la formulación de políticas opacas que favorecen los intereses a corto plazo o creados. Una sociedad civil fuerte e independiente es esencial para garantizar la protección del interés público a largo plazo, especialmente en el ámbito de la salud pública, donde la influencia comercial puede ser considerable. Si las decisiones políticas reflejan cada vez más intereses a corto plazo o estrechos, las generaciones futuras pueden heredar sistemas moldeados sin tener en cuenta sus necesidades o voces. La equidad intergeneracional también depende de cómo se tomen las decisiones, no solo de lo que se decida. Abordar estos problemas es esencial para generar confianza, defender los principios democráticos y proteger un espacio cívico en el que las generaciones futuras puedan confiar.