Esta iniciativa se centra en priorizar las inversiones en vehículos eléctricos (EV) específicamente para sistemas de transporte público, en lugar de incentivos para automóviles eléctricos privados. Al concentrarse en el transporte público, la iniciativa tiene como objetivo reducir la demanda global de uso de vehículos privados, incluidos los automóviles diésel, reduciendo así la congestión del tráfico y el impacto ambiental.