Una cuarta parte de los ciudadanos de la UE declara tener una discapacidad, es decir, más de 100 millones de personas. Sin embargo, según el Tribunal de Cuentas Europeo, las acciones de la UE en apoyo de las personas con discapacidad solo han tenido un impacto limitado. Las personas con discapacidad siguen enfrentándose a múltiples formas de discriminación y barreras en la vida cotidiana. Muchos edificios públicos y sistemas de transporte siguen siendo inaccesibles. En el lugar de trabajo, están infrarrepresentados y carecen del apoyo adecuado para seguir empleados. Los niños con discapacidades luchan por acceder a una educación inclusiva que satisfaga sus necesidades. Y también enfrentan grandes obstáculos para acceder a la atención médica, los deportes, la cultura y la participación política. Estas barreras sistémicas contribuyen a un riesgo significativamente mayor de exclusión social y pobreza. Por supuesto, los Estados miembros desempeñan un papel clave, pero la UE debe liderar el camino e impulsar acciones más firmes. Si bien la Estrategia de la UE sobre Discapacidad 2021-2030 establece objetivos ambiciosos, el actual sistema de seguimiento no demuestra claramente cómo los fondos de la UE están mejorando la vida de las personas con discapacidad. Para colmar estas lagunas, la UE debe aumentar significativamente su financiación para mejorar la accesibilidad, invertir en programas de educación inclusiva, apoyar iniciativas de integración profesional y poner en marcha campañas de sensibilización para combatir los estereotipos. Reforzar estas acciones no es solo una cuestión de derechos, sino que es esencial construir una Europa más justa, en la que todos puedan vivir con dignidad e independencia, independientemente de su capacidad.