Los criterios de Maastricht vigentes (coeficiente máximo de deuda pública del 60 % y déficit público anual del 3 %) se han establecido arbitrariamente, carecen de fundamento económico, carecen de fundamento científico y impiden a las autoridades públicas invertir en el futuro. Estas normas de la UE se interponen en el camino de una política económica moderna y a prueba de crisis, por lo que deben abolirse sin sustitución. Imagine que a los particulares solo se les permite pedir prestado el 60% de sus ingresos anuales; nadie consideraría esto una regla sensata. En una economía, alguien siempre tiene que endeudarse para que otros puedan ahorrar. La suma de todos los excedentes siempre corresponde exactamente a la suma de todos los déficits. Si el Estado ahorra, las empresas o los hogares tienen que endeudarse, pero a menudo no quieren o no pueden hacerlo. El resultado es una disminución de la demanda, menos inversión y un aumento del desempleo. En este momento, el Estado tendría que invertir en educación, integración, salud, atención, medio ambiente e infraestructura. En cambio, somos empujados a una crisis artificial creada por reglas políticas porque estamos convencidos de que el ahorro es la solución. ¡Pero es exactamente lo contrario! Un estado que no invierte corre el riesgo de otro año de declive en la prosperidad. Esto no es responsable, pero económicamente negligente.